LOS LATIFUNDIOS CONTRADICEN A LA LEY O LA LEY ES CONTRADICTORIA

 

La posesión de extensos latifundios en el oriente boliviano sufre un proceso  inverso al pretendido por la Reforma Agraria del 53, cual era, entre otras cosas, eliminar el latifundio en el país. Sus "propietarios" hacen alarde de un poder político-económico cuyo origen es el robo genocida de las legítimas tierras ancestrales de los guaraníes y la dotación gratuita de tierras de parte del Estado. Ante los nuevos acontecimientos sociales, como una mañosa y neo-colonial Asamblea Constituyente, que hizo revivir partidos políticos enterrados el 2003, que replantee “supuestamente” el origen de esas tierras, ellos ponen mil y unas trabas por el temor de creer que serán afectados sus feudos mal habidos.

Desde la revolución nacional del año 1952 y la posterior Reforma Agraria del año 1953 y varias reformas constitucionales y leyes posteriores, no se reconoce el latifundio. Sin embargo, en tres Eco-regiones de Bolivia (Chaco, Oriente y Amazonía), que abarcan los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y parte de Chuquisaca y Tarija, persisten estas formas de ocupación ilegal de la tierra, al margen de nuestra Constitución y las Leyes, debido a que muchos operadores políticos, en función de gobierno, simplemente no cumplen ni hacen cumplir nuestra constitución y las Leyes vigentes. Por otro lado, es evidente que la mayoría de estos operadores políticos, que en estos últimos 50 años han venido turnándose en la administración del Estado, son latifundistas y sus intereses están ligados a la explotación colonial de los recursos naturales en materia prima, acceso y control de la tierra, recursos forestales, hidrocarburos, minerales, fuentes de agua y biodiversidad  de las mencionadas regiones, esclavizando y exterminando a las diversas nacionalidades comunarias existentes en esas regiones.

El Art. 22° de la Constitución Política del Estado (CPE) señala: "Que la expropiación de la propiedad procede por causas de utilidad pública y cuando la propiedad no cumple una función social". El Art. 166° del Régimen agrario y campesino de nuestra CPE dice: "El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y se establece el derecho del campesinado a la dotación de tierras"; El Art.167°, indica: "Que el Estado no reconoce el latifundio…"; El Art. 169° más contradictorio y aberrante señala.. "Que la mediana propiedad (propiedad que oscila entre 501 a 2.500 hectáreas) y la empresa agropecuaria (o gran propiedad ganadera que tiene una superficie que oscila entre 2.501 a 50.000 hectáreas) reconocidas por la Ley gozan de la protección del Estado en tanto cumplan una función económico- social de acuerdo con los planes de desarrollo".

Que mientras en otros sectores a los indios se los condenó al minifundio y surco fundio. La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria- INRA (Ley 1715), en su parte referida a las garantías constitucionales ratifica: "Que el Estado no reconoce el latifundio, además indica que en materia agraria se entiende por Función Económico Social… el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo". De acuerdo a esta ley de Reforma Agraria,  los croatas que  se adueñaron de inmensos territorios gracias al gobierno de H. Bánzer Suárez, claramente quedan fuera de la ley.

De este modo, la Ley está mal escrita y es absolutamente contradictoria y se coloca fuera de nuestra realidad y tradición cultural. Los territorios de propiedad comunal relacionados con el bienestar de  la población y la armonía con la naturaleza, son desconocidos y la propiedad de engorde o inoperante es respetada. El gobierno actual no es capaz de resolver este conflicto que enajena las tierras a sus verdaderos dueños, contrariamente fortalece las leyes coloniales haciendo remiendos a la misma ley INRA de Gonzalo Sánchez de Losada. La ley no reconoce la preservación ecológica de la tierra ni las tierras de descanso, por lo que la explotación de madera preciosa fue inmisericorde y la pérdida de flora y fauna junto a los ecosistemas es ya irreparable. Al calor de la sublevación campesina y al amparo de esa nueva ley, por un lado quitaron tierras y por otro se las adjudicaron. Numerosos propietarios de tierras en el occidente, bien o mal habientes,  perdieron sus propiedades, sin un mínimo de pago por la expropiación, originando fenómenos sociales nunca vistos, como la desestructuración de los ayllus, el surco fundio, la miseria, el aislamiento y la explotación humana, aumentando el subdesarrollo en el altiplano y la aparente bonanza en oriente.

Los croatas que recibieron millones de dólares del Banco Agrícola, al pasar gratuitamente cientos de miles de hectáreas a su poder, para proteger esos intereses económicos que forman la onerosa deuda externa, que fue a parar a los bolsillos de los cárteles internacionales, ya que esos dineros no se quedan ni se invierten en la nación, formaron logias secretas, como Caballeros del Oriente y otros círculos relacionados con mafias de prostíbulos y cárteles de drogas, dando origen a los partidos políticos de derecha, seudo izquierdas y  los Comités Cívicos. De esta manera, cada niño boliviano que nacía llegaba con una deuda que superaba los 500 dólares americanos y quedó condenado a vivir cronicamente la ignorancia y miseria absoluta.